Juez prohíbe a la administración Trump negar fondos federales a ciudades “santuario”

Un juez federal de California prohibió el jueves a la administración Trump denegar o condicionar el uso de fondos federales a jurisdicciones "santuario".

El juez federal de distrito William Orrick declaró inconstitucionales partes de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.

La orden judicial fue solicitada por San Francisco y más de una docena de municipios que limitan la cooperación con las iniciativas federales de inmigración.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que era demasiado pronto para que Orrick otorgara una orden judicial, dado que la administración Trump no ha tomado ninguna medida para retener montos específicos ni para establecer condiciones sobre subvenciones específicas.

La otra parte: "Su temor fundado a la aplicación de la ley es aún mayor que en 2017", escribió Orrick, citando las órdenes ejecutivas de Trump, así como las directivas de la Fiscal General Pam Bondi, otras agencias federales y las demandas del Departamento de Justicia presentadas contra Chicago y Nueva York.

Además de San Francisco y el condado de Santa Clara, que incluye un tercer demandante, la ciudad de San José, hay otros 13 demandantes en la demanda, entre ellos Seattle y el condado de King, Washington; Portland, Oregón; Minneapolis y St. Paul, Minnesota; New Haven, Connecticut; y Santa Fe, Nuevo México.

No está claro si las agencias federales acatarán la orden. El jueves, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, recordó a los beneficiarios de fondos federales para el transporte que deben cumplir con la ley federal, incluida la relativa a la aplicación de la ley migratoria, o enfrentar posibles consecuencias.

No existe una definición estricta de políticas santuario o ciudades santuario, pero los términos generalmente describen una cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El ICE aplica las leyes de inmigración en todo el país, pero solicita la ayuda de los estados y las autoridades locales para alertar a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para su deportación y retener a esa persona hasta que los agentes federales la tomen bajo custodia.

Los líderes de las jurisdicciones santuario afirman que sus comunidades son más seguras porque los inmigrantes sienten que pueden comunicarse con la policía local sin temor a la deportación. También afirman que es una forma de que los municipios enfoquen sus fondos en la lucha contra la delincuencia local.