El fiscal general de Minnesota dice que la oficina no hará cumplir las leyes federales de inmigración mientras el Departamento de Justicia amenaza con procesar a los funcionarios que se resistan

El fiscal general de Minnesota dice que su oficina no hará cumplir las leyes federales de inmigración mientras el presidente Trump comienza su ofensiva contra la inmigración.

El anuncio se produjo un día después de que el Departamento de Justicia amenazara con procesar a los funcionarios estatales y locales que obstaculicen las políticas de inmigración de Trump.

Keith Ellison se unió a una coalición de casi una docena de otros fiscales generales estatales en una declaración que aborda el memorando del fiscal adjunto interino Emil Bove, que decía que los funcionarios estatales y locales que buscan obstruir o se niegan a cumplir con los esfuerzos de aplicación de la ley federal de inmigración corren el riesgo de ser investigados y posibles procesamientos.

"El presidente ha hecho amenazas preocupantes de utilizar la autoridad y los recursos procesales del Departamento de Justicia de los EE. UU. como arma para atacar a los servidores públicos que actúan en cumplimiento de las leyes de sus estados, interfiriendo con su capacidad de generar confianza con las comunidades a las que sirven y protegen", escribieron los fiscales generales estatales en una declaración conjunta.

La coalición dice que la Constitución de los EE. UU. y el precedente de la Corte Suprema impiden que el gobierno federal "se apodere" de los estados para hacer cumplir las leyes federales. También citaron el caso Printz v. United States, que dictaminó que las legislaturas estatales no están sujetas a la dirección federal.

En Minneapolis, una "ordenanza de separación" restringe a los empleados municipales de preguntar sobre el estatus migratorio o de participar en la aplicación de las leyes de inmigración civil.

Desde que asumió la presidencia el lunes, Trump ha iniciado una amplia ofensiva contra la inmigración encargando a los militares la aplicación de las leyes fronterizas, cerrando las admisiones de asilo y refugiados e intentando poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Más de 20 estados, incluido Minnesota, han demandado desde entonces a la administración Trump para detener una orden ejecutiva que buscaba poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. El jueves, un juez federal bloqueó temporalmente la orden, calificándola de "descaradamente inconstitucional".