Corte Suprema bloqueó deportaciones bajo Ley de Enemigos Extranjeros

De manera provisional, la Corte Suprema ordenó al gobierno del presidente Donald Trump detener las deportaciones de venezolanos que están en una prisión de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.

Utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, la Administración Trump pretendía concretar la deportación de varios inmigrantes acusado de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, incluso tras respaldo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, pero ahora deberá detener cualquier acción planeada para este sábado.

El viernes en la noche, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) acudió a la Corte Suprema para detener las deportaciones, acusando varias irregularidades, incluido el caso de un inmigrante señalado como pandillero por una fotografía en Facebook donde se ve a una persona con un arma, que resultó ser una pistola de agua.

La decisión de los jueces de la Corte Suprema, sin embargo, no concedió ni denegó la solicitud presentada por los abogados de los detenidos, sino que suspendió el proceso.

“Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro del supuesto grupo de detenidos hasta nueva orden de este tribunal”, declara la orden emitida en la madrugada de este domingo.

También en la madrugada, el Tribunal de Apelaciones con sede en Nueva Orleans rechazó la petición de los abogados de los presuntos pandilleros.

La Corte Suprema ya había permitido a la Administración Trump, en una votación 5-4, la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, pero aclarando que se debía permitir el debido proceso a las personas procesadas para deportación.

La oficina de ACLU acusó en Texas las intenciones del Departamento de Seguridad Nacionald (DHS), debido a que los inmigrantes están en Centro de Detención Bluebonnet en Anson.

“Como mínimo, este Tribunal debería otorgar una medida cautelar administrativa inmediata para preservar el statu quo mientras considera la solicitud”, dice la petición de los abogados a la Corte Suprema. “Las deportaciones previas del Gobierno, supuestamente realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, han trasladado a personas de centros de detención migratoria en Estados Unidos a un centro penitenciario en El Salvador. La postura del Gobierno en otros litigios pendientes ha sido que no puede revocar dichas decisiones de traslado sin el consentimiento del gobierno de El Salvador”.

La Administración Trump ha señalado, por ejemplo, que no puede retornar a Kilmar Ábrego García, ya que ahora está en custodia del gobierno de El Salvador, pero el presidente de ese país, Nayib Bukele, también señala que no puede retornarlo a EE.UU.

La decisión de emergencia de la Corte Suprema ocurrió luego de que el viernes el juez de Distrito James Boasberg, en la Corte de Distrito de Washington, D.C., dijo que no tenía la facultad de suspender las deportaciones.

“Comprendo todo lo que dice, pero creo que no tengo la facultad de hacer nada”, dijo el juez a uno de los abogados, según un reporte de CNN.