Congresistas de Florida buscan dar permiso para manejar a inmigrantes sin documentos

Dos congresistas de Florida buscan con un proyecto de ley eliminar el requisito de estatus legal migratorio para el otorgamiento de licencias de manejo en el estado, lo que facilitaría a unos 680.000 indocumentados en edad de conducir el acceso a ese documento vital.

La iniciativa, presentada por el representante Carlos Guillermo Smith y la senadora Tina Polsky, incluye las licencias de conducir y tarjetas de identidad expedidas por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV).

El proyecto "elimina la disposición que autoriza al DHSMV a exigir a los solicitantes que presenten documentos (migratorios) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos".

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De igual forma autoriza documentos adicionales emitidos por Gobiernos extranjeros para "satisfacer los requisitos de prueba de identidad" y prohíbe al DHSMV divulgar información de los solicitantes a las autoridades de inmigración.

El Florida Policy Institute (FPI) estima que hay 680.000 inmigrantes en edad de conducir en Florida que son indocumentados y tienen además la capacidad de pagar el seguro de automóvil y ser conductores seguros.

Según esa organización, durante más de una década, numerosas entidades e individuos en Florida, incluidos propietarios de negocios, fuerzas policiales, organizaciones sin fines de lucro y líderes religiosos, han estado presionando por una política de licencia de conducir "inclusiva".

En Estados Unidos 16 estados y la ciudad de Washington han promulgado leyes de licencias de conducir para indocumentados.

Según FPI, Florida enfrenta un déficit de ingresos de 5.600 millones de dólares a raíz de la covid-19, por lo que las políticas que generan ingresos estatales "son más cruciales ahora que nunca".

Un estudio de la organización detalla que de aprobarse el otorgamiento de licencias de conducir para indocumentados, unos 85.000 vehículos serían adquiridos por estos inmigrantes, generando impuestos de compra y registro.

Esto significaría ingresos por más de 68 millones de dólares en los primeros tres años de implementación, según FPI.

Señala que Florida es uno de los cinco estados que, en conjunto, albergan a más de la mitad de los inmigrantes estadounidenses que son indocumentados.

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