4 Latinos reciben cargos por tiroteo afuera de una funeraria en St Paul, donde murió una persona

Se han presentado cargos contra cuatro hombres en relación con un tiroteo fatal frente a una funeraria de St. Paul en febrero.

Los registros judiciales muestran que Jesús Hernández, de 21 años, Bryan Lara-Saavedra, de 25 años, Mario Alberto Vega, de 30 años, y David Nicolás García, de 40 años, están acusados ​​de asalto en segundo grado con un peligroso arma. Vega y García también enfrentan dos cargos de posesión ilegal de un arma y municiones por parte de una persona no elegible.

El tiroteo del 21 de febrero mató a Agustín Martínez, de 28 años. Ninguno de los cuatro acusados ​​enfrenta cargos de homicidio.

La policía de St. Paul fue llamada a la funeraria Simple Traditions en Humboldt Avenue alrededor de las 11:20 a.m. con un informe de un tiroteo. El tiroteo ocurrió durante el funeral de un supuesto miembro de pandilla de Latin King, Casanova Carter.

Según una denuncia penal, el video de vigilancia mostró que estalló una pelea en la acera frente a la funeraria y varias personas salieron para unirse a la pelea. Las autoridades dicen que Martínez estuvo involucrado en la pelea, pero se alejó en un momento. Fue entonces cuando Lara-Saavedra supuestamente sacó un arma y disparó el primer tiro.

La denuncia establece que García y otro hombre estaban disparando cerca de la entrada de la funeraria mientras Hernández estaba en el bulevar, disparando hacia Martínez. Vega está acusado de salir y dispararle a Martínez.

Varias personas resultaron heridas en el tiroteo, entre ellas Lara-Saavedra, asi como casas y vehículos cercanos también fueron alcanzados por las balas.

García hizo su primera aparición en la corte el viernes y se le fijó una fianza de $250,000. Su próxima audiencia está fijada para el 27 de mayo. Los otros tres hombres aún no están bajo custodia y fueron acusados ​​mediante orden judicial.

Una condena por agresión en segundo grado conllevaría hasta siete años de prisión y una multa de $14,000. Cada uno de los cargos de posesión no elegible conlleva hasta 15 años de prisión y $30,000 con una condena.